Objeción de conciencia

                El 4 de febrero apareció en los periódicos la medida del gobierno de Ada Colau, alcaldesa de Barcelona, de retirar la potestad de celebrar bodas civiles a los ediles que se nieguen a oficiar bodas entre personas del mismo sexo. Como no, una medida como esta, útil para luchar contra la discriminación por orientación sexual, no se ha librado de reproches homófobos, apelando a la “libertad” de los concejales de preferir no oficiar este tipo de ceremonias.

                Para el PP barcelonés y CiU, legislar en contra de vulnerar los derechos de un grupo concreto de ciudadanos es generar una polémica artificial. Debe ser que hay ciudadanos de primera y de segunda: “Existe la intención de querer distraer la atención sobre otras problemáticas muy vigentes en la ciudad, como los horarios comerciales” decía Jordi Martí, regidor de CiU en el ayuntamiento de Barcelona. Porque claro, hay que elegir, es imposible que el ayuntamiento lleve a cabo la administración de la ciudad y se preocupe de los derechos sociales a la vez, en qué cabeza cabe… Además, el matrimonio homosexual ya es legal desde el 2005, ¿qué más quieren? ¿Qué encima nadie se niegue a oficiarlo? Estos rojos totalitarios nos quieren imponer la homosexualidad por la fuerza.

                ¿Y a qué viene todo esto? Según cuenta el periódico ABC, resulta que en 2004 un regidor del Partido Popular, Óscar Ramírez (ojo, que ya no es concejal, no vayamos a pensar mal del PP) alegó “objeción de conciencia” para no celebrar el matrimonio entre dos lesbianas, ante lo que el Síndic de Greuges (Síndico de Agravios de Cataluña) concluyó que se trataba de una vulneración de los derechos de la pareja. Al final una edil del PSC sustituyó al concejal popular. En el artículo también se dedica una parte a contar la versión del PP (¿por qué no me sorprende?) y se habla sobre la “objeción de conciencia”, reconocida también por el informe del Síndico.

                Hay algo que no cuadra, no se puede justificar la vulneración de derechos por motivos ideológicos, alguien debería haberle enseñado a estos concejales que la libertad personal termina donde empieza la de los demás (no, rechazar casar a dos personas por ser del mismo sexo no es libertad personal, es homofobia), que cuando una persona se dedica a la política lo hace para estar al servicio de la ciudadanía y que si se van a poner pegas ideológicas discriminatorias, mejor que dimitan y se dediquen a otra cosa, porque no estamos hablando de qué modelo de ciudad o de economía nos gusta más, sino de perpetuar o no un sistema que otorga privilegios a unos y oprime a otros.

                ¿Alguien se imagina a un concejal negándose a celebrar bodas heterosexuales por “objeción de conciencia”? No tendría sentido. ¿Por qué al revés sí ocurre esto? Parece que algunos utilizan las leyes para lo que les interesa, para defender sus intereses personales y no para contribuir al bienestar social.

A05

Este texto fue escrito inicialmente el 5 de febrero.

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